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Canal de denuncias: obligatorio desde el 1 de diciembre 2023 para empresas con más de 50 trabajadores

Los países miembros de la UE se han adaptado a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, para poner en marcha una normativa que garantice la prevención de delitos internos en la empresa, así como la protección a los denunciantes. En el caso de España, la normativa de aplicación ha sido la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

En base a dicha Ley, todas las empresas de más de 50 trabajadores deberán de cumplir con la obligación de implementar un canal de denuncias desde el 1 de diciembre de 2023.

El objetivo de este canal de denuncias es que tanto cualquier trabajador como cualquier persona externa que tenga constancia de una o varias irregularidades dentro de la compañía pueda notificarlo, con la certeza de que su denuncia será anónima. Este sistema de protección del denunciante debe garantizar el anonimato de las fuentes, asegurando la ausencia total de represalias laborales o personales en el instante de la denuncia o con posterioridad. Esto significa que cualquier persona, ligada o no a la compañía a través de un contrato, podrá requerir a la misma una vía válida y anónima que le permita dar a conocer el hecho o hechos que considere una amenaza contra su propia persona o contra terceros.

Por tanto, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a implementar un canal de denuncias efectivo, accesible y seguro, donde todas aquellas personas que tengan relación profesional con la empresa se sientan cómodas y protegidas al informar sobre posibles conductas ilícitas. El canal de denuncias también es el instrumento puesto a disposición de los trabajadores y terceros para formular cualquier duda o sugerencia que consideren de interés en relación con la ética y las políticas de integridad que debe regir la actuación de la persona jurídica.

Se deberá designar a un responsable de administrar el sistema de denuncias, quien deberá estar capacitado para manejar las denuncias y aplicar los estándares éticos de la empresa. Incumplir con estos requerimientos puede conllevar sanciones significativas para las empresas.

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